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Hoy también puedo confirmar que tengo motivos razonables para creer, sobre la base de pruebas
recopiladas y examinadas por mi oficina, que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu
y el ministro de Defensa Yoav Galant tienen responsabilidad penal por los siguientes
crímenes internacionales cometidos en el territorio del Estado de Palestina desde al menos el 8 de octubre de 2023.
Los crímenes incluyen el hambre de civiles como método de guerra, causar deliberadamente
gran sufrimiento, lesiones graves al cuerpo o a la salud o trato cruel, la muerte
o el asesinato intencional, y dirigir intencionalmente ataques contra una población civil, así como
crímenes de lesa humanidad de exterminio y o asesinato, persecución y acusaciones
de crímenes consistentes en cometer otros actos inhumanos.
Se alega que estos crímenes se cometieron en el contexto del conflicto armado en curso
y como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de
Gaza, de conformidad con una política de Estado.
Lamentablemente, estos crímenes continúan hasta el día de hoy.
Mi oficina sostiene que estas personas, mediante un plan común, han privado
sistemáticamente a la población civil de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana.
Hemos llegado a esa conclusión sobre la base de entrevistas con sobrevivientes, muchos testigos presenciales,
expertos en imágenes satelitales, declaraciones de funcionarios israelíes, incluidos los dos
individuos sujetos a la presente solicitud, así como sobre la base de varios cientos de videos,
fotografías y grabaciones de audio auténticos, muchos de los cuales fueron tomados y compartidos por las víctimas
y los propios testigos presenciales.
Esta privación sistemática resultó de la decisión de imponer un asedio total a Gaza
cerrando por completo los tres pasos fronterizos, Rafah, Kerem Shalom y Erez, durante
períodos prolongados y restringiendo arbitrariamente el transporte de suministros esenciales,
incluyendo alimentos y medicinas, a través de los pasos fronterizos después de que fueron reabiertos.
El asedio, el asedio total, también implicó cortar los gasoductos transfronterizos de agua desde
Israel a Gaza, que son la principal fuente de agua potable para la población de Gaza.
Fueron cortados durante períodos prolongados a partir del 9 de octubre de 2023, y esto fue acompañado
por el corte o el entorpecimiento del suministro de electricidad a Gaza desde el 8 de octubre de 2023
hasta hoy.
Esa conducta tuvo lugar junto a ataques que mataron a civiles, incluidas personas que hacían fila
para recibir comida, la obstrucción de la entrega de ayuda por parte de organizaciones humanitarias y ataques
contra trabajadores humanitarios que obligaron a muchas de esas mismas organizaciones humanitarias a cesar
sus operaciones o a limitar sus esfuerzos que salvan vidas en Gaza.
El trágico efecto del uso del hambre como método de guerra contra la población civil de Gaza
es agudo, es visible y es ampliamente conocido, y está confirmado por múltiples
testigos y víctimas, incluidos médicos locales y extranjeros.
Ese hambre ha causado y sigue causando muertes, desnutrición, deshidratación y
un sufrimiento profundo entre la población.
La hambruna ya está presente en algunas zonas de Gaza y es inminente en otras.
Mi oficina acusa a Netanyahu y a Gallant como copartícipes y como superiores en la comisión
de estos presuntos crímenes.
Israel, como todos los Estados, tiene derecho a defender a su población. Tiene pleno derecho
a garantizar el regreso de los rehenes que han sido secuestrados de forma criminal y despiadada.
Esos derechos, sin embargo, no eximen a Israel de sus obligaciones de cumplir con el
derecho internacional humanitario.
Causar intencionalmente la muerte, el hambre, las lesiones y el sufrimiento a la población civil,
incluyendo a tantísimas mujeres y niños, son medios criminales para lograr objetivos militares y políticos.
Eso es lo que sostenemos.
Como he subrayado repetidamente desde el año pasado en Egipto, en Israel y en Palestina,
y de nuevo este año, quienes no cumplen la ley no deberían quejarse después cuando
Mi oficina actúa basándose en pruebas sólidas.
Ese día ha llegado. Hoy dejamos claro de la forma más contundente posible que el derecho
internacional y las leyes de los conflictos armados se aplican a todos.
Ningún soldado raso, ningún comandante, ningún líder civil, nadie puede actuar con impunidad.
Nada en la tierra puede justificar privar deliberadamente a los seres humanos, incluidas las mujeres y los niños,
los bebés, los ancianos y los jóvenes, de las necesidades básicas requeridas para la vida.
Nada, nada en la tierra puede justificar la toma de rehenes ni el ataque y asesinato de civiles.
Los jueces independientes de esta Corte Penal Internacional son los únicos árbitros de
si se ha cumplido la norma necesaria para la emisión de órdenes de detención.
A los jueces de la Corte Penal Internacional se les debe dar ahora el espacio para hacer su trabajo
y revisar desapasionada y objetivamente las pruebas que hemos presentado.
Si los honorables jueces aprueban mis solicitudes y emiten las órdenes requeridas, yo
trabajaré en estrecha colaboración con el Secretario de la Corte para detener a las personas nombradas.
Hago un llamado y confío en que todos los Estados, especialmente los Estados parte del Estatuto de Roma, aborden
esta solicitud y la posterior decisión judicial que se emitirá con la misma
seriedad que han demostrado en otras situaciones. También estoy dispuesto a trabajar con Estados no parte
en nuestra búsqueda común de justicia y rendición de cuentas.
Es fundamental en este momento que mi oficina y todas las partes de la Corte continúen llevando a cabo
nuestro trabajo con total independencia e imparcialidad. Y insisto en que todos los intentos de impedir,
de intimidar o de influir indebidamente en los funcionarios de esta Corte cesen de inmediato.
Mi oficina no dudará en actuar de conformidad con las disposiciones del Artículo 70 del
Estatuto de Roma si esa conducta continúa y persiste.
También presentaremos nuevas solicitudes de órdenes de arresto si y cuando determinemos,
tras un análisis independiente y objetivo, que se ha cumplido el umbral de una perspectiva realista de condena
se ha alcanzado.
Mi oficina está desarrollando múltiples y conectadas líneas adicionales de investigación, incluso en relación con
informes de violencia sexual durante los ataques del 7 de octubre en Israel y en relación con la de gran escala
bombardeos que han causado y siguen causando tantas muertes y heridas de civiles y tanto
sufrimiento en Gaza.
Renuevo mi llamamiento a todas las partes en el conflicto actual para que cumplan estos principios básicos
de derecho sin más demora.
También deseo destacar que el principio de complementariedad, en el corazón del
Estatuto de Roma, seguirá siendo evaluado por mi oficina a medida que actuemos en relación con los
presuntos crímenes y los presuntos perpetradores y a medida que avancemos con otras líneas de investigación.
Pero la complementariedad exige que nos remitamos a las autoridades nacionales solo cuando estas se involucren sinceramente
en procesos judiciales independientes e imparciales que no las protejan.
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Original transcript (English)
I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defence Yoav Galant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least 8 October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing
great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population, as well as crimes against humanity of extermination and or murder, persecution, and allegations of crimes of committing other inhumane acts. It's alleged that these crimes were committed in the context of the ongoing armed conflict
and as part of a widespread and systematic attack against the civilian population of Gaza pursuant to a State policy. Unfortunately, these crimes continue to this day. My office submits that these individuals, through a common plan, have systematically deprived the civilian population of Gaza of objects indispensable to human survival.
We have reached that conclusion based upon interviews with survivors, many eyewitnesses, experts from satellite imagery, statements from Israeli officials, including the two individuals subject to the present application, as well as based upon several hundred authentic videos, photographs, and audio recordings, many of which were taken and shared by victims and eyewitnesses themselves.
This systematic deprivation resulted from a decision to impose a total siege on Gaza by completely closing the three border crossing points, Rafa, Kerem Shalom, and Erez, for extended periods of time and by arbitrarily restricting the transportation of essential supplies, including food and medicine, through the border crossings after they were reopened. The siege, the total siege, also involved cutting off cross-border water pipelines from
Israel to Gaza, which is the principal source of clean water for the population in Gaza. It was cut off for prolonged periods beginning on the 9th of October 2023, and it was accompanied by the cutting off or hindering of electricity supplies to Gaza from the 8th of October 2023 until today. That conduct took place alongside attacks that killed civilians, including people queuing
for food, the obstruction of aid delivery by humanitarian organizations, and attacks on aid workers that forced many of those same humanitarian organizations to either cease operations or limit their life-saving efforts in Gaza. The tragic effect of the use of starvation as a method of warfare against Gaza's civilian population is acute, it's visible, and it's widely known, and it's confirmed by multiple
witnesses and victims, including local and foreign medical doctors. That starvation has caused and continues to cause deaths, malnutrition, dehydration, and profound suffering among the population. Famine is already present in some areas of Gaza, and it is imminent in others. My office charges Netanyahu and Gallant as co-perpetrators and as superiors in the commission
of these alleged crimes. Israel, like all states, has the right to defend its population. It has every right to ensure the return of hostages that have been criminally and callously taken. Those rights, however, do not absolve Israel of its obligations to comply with international humanitarian law.
Intentionally causing death, starvation, injury, and suffering to the civilian population, including so very many women and children, are criminal means to achieve military and political goals. That's what we allege. As I have repeatedly underlined since last year in Egypt, in Israel, and in Palestine, and again this year, those who do not comply with the law should not complain later when
my office takes action based upon solid evidence. That day has come. Today we underline in the clearest possible fashion that international law and the laws of armed conflict apply to everyone. No foot soldier, no commander, no civilian leader, no one can act with impunity. Nothing on earth can justify willfully depriving human beings, including women and children,
babies, the old and the young, of the basic necessities required for life. Nothing, nothing on earth can justify hostage-taking or the targeting and killing of civilians. The independent judges of this International Criminal Court are the sole arbiters as to whether the necessary standard for the issuance of warrants of arrest have been met. The judges of the International Criminal Court must be now given the space to do their work
and dispassionately and objectively review the evidence that we have submitted. Should the learned judges approve my applications and issue the requested warrants, I will work closely with the Registrar of the Court to apprehend the named individuals. I call upon and count on all states, especially state parties to the Rome Statute, to approach this application and the subsequent judicial decision that will be rendered with the same
seriousness they have shown in other situations. I also stand ready to work with non-state parties in our common pursuit of justice and accountability. It is critical in this moment that my office and all parts of the Court continue to conduct our work with full independence and impartiality. And I insist that all attempts to impede, to intimidate or to improperly influence the officials of this Court cease immediately.
My office will not hesitate to act pursuant to the provisions of Article 70 of the Rome Statute if such conduct continues and persists. We will also submit further applications for warrants of arrest if and when we determine, after independent and objective analysis, that the threshold of realistic prospect of conviction has been met.
My office is advancing multiple and interconnected additional lines of inquiry, including concerning reports of sexual violence during the 7 October attacks in Israel and in relation to the large-scale bombing that has caused and continues to cause so many civilian deaths and injuries and so much suffering in Gaza. I renew my call for all parties to the current conflict to comply with these basic principles
of law without any further delay. I also wish to emphasize that the principle of complementarity at the heart of the Rome Statute will continue to be assessed by my office as we take action in relation to the alleged crimes and alleged perpetrators and as we move forward with other lines of inquiry. But complementarity requires us to defer to national authorities only when they sincerely
engage in independent and impartial judicial processes that do not shield them.
