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También puedo confirmar hoy que tengo motivos razonables para creer, sobre la base de pruebas
recopiladas y examinadas por mi oficina, que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ministro
de Defensa Yoav Galant tienen responsabilidad penal por los siguientes crímenes internacionales cometidos
en el territorio del Estado de Palestina desde al menos el 8 de octubre de 2023. Los crímenes incluyen
el hambre de la población civil como método de guerra, causar deliberadamente grandes sufrimientos,
lesiones graves al cuerpo o a la salud o trato cruel, homicidio o asesinato intencional y dirigir
intencionalmente ataques contra una población civil, así como crímenes de lesa humanidad de exterminio
y/o asesinato, persecución y acusaciones de crímenes de comisión de otros actos inhumanos.
Se alega que estos crímenes fueron cometidos en el contexto del conflicto armado en curso
y como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de
Gaza, de conformidad con una política de Estado. Lamentablemente, estos crímenes continúan hasta el día de hoy. Mi oficina
sostiene que estas personas, mediante un plan común, han privado sistemáticamente
a la población civil de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana. Hemos llegado
a esa conclusión sobre la base de entrevistas con sobrevivientes, muchos testigos presenciales, expertos a partir de
imágenes satelitales, declaraciones de funcionarios israelíes, incluidos los dos individuos sujetos
a la presente solicitud, así como sobre la base de varios cientos de videos autenticados,
fotografías y grabaciones de audio, muchos de los cuales fueron tomados y compartidos por víctimas y
los propios testigos presenciales. Esta privación sistemática resultó de una decisión de imponer un
asedio total a Gaza cerrando por completo los tres puntos de cruce fronterizos, Rafah, Kerem Shalom
y Erez, durante períodos prolongados y restringiendo de forma arbitraria el transporte
de suministros esenciales, incluida comida y medicinas, a través de los pasos fronterizos después de
que fueran reabiertos. El asedio, el asedio total, también implicó cortar los gasoductos de agua
transfronterizos de Israel a Gaza, que son la principal fuente de agua potable para la población
de Gaza. Se cortó durante períodos prolongados a partir del 9 de octubre de 2023, y
fue acompañado por el corte o la obstaculización del suministro de electricidad a Gaza desde el 8 de
del octubre de 2023 hasta hoy. Esa conducta tuvo lugar el 9 de octubre de 2023, y
tuvo lugar junto con ataques que mataron a civiles, incluidas personas que hacían fila para conseguir comida, la obstrucción
de la entrega de ayuda por parte de organizaciones humanitarias, y ataques contra trabajadores humanitarios que obligaron a muchas
de esas mismas organizaciones humanitarias a cesar sus operaciones o a limitar sus esfuerzos
para salvar vidas en Gaza. El trágico efecto del uso del hambre en Gaza es que se ha
utilizado como método de guerra contra la población civil de Gaza. Es agudo, es visible,
es ampliamente conocido y está confirmado por múltiples testigos y víctimas, incluidos
médicos locales y extranjeros. Ese hambre ha causado y sigue causando muertes, malnutrición,
deshidratación y un profundo sufrimiento entre la población. La hambruna ya está presente
en algunas zonas de Gaza y es inminente en otras. Mi oficina acusa a Netanyahu y a Gallant
como copartícipes y como superiores en la comisión de estos supuestos crímenes. Israel,
como todos los estados, tiene derecho a defender a su población. Tiene todo el derecho a garantizar el
regreso de los rehenes que han sido criminal y cruelmente secuestrados. Esos derechos, sin embargo,
no eximen a Israel de sus obligaciones de cumplir con el derecho internacional humanitario.
Causar intencionalmente la muerte, el hambre, las heridas y el sufrimiento a la población civil, incluyendo
a tantísimas mujeres y niños, son medios criminales para lograr objetivos militares y políticos.
Eso es lo que alegamos. Como he subrayado repetidamente, desde el año pasado en Egipto, en Israel
y en Palestina, y de nuevo este año, quienes no cumplen la ley no deberían
quejarse después cuando mi oficina actúe sobre la base de pruebas sólidas. Ese día ha llegado
de nuevo. Hoy subrayamos de la forma más clara posible que el derecho internacional y
las leyes de los conflictos armados se aplican a todos. Ningún soldado raso, ningún comandante, ningún líder
civil, nadie puede actuar con impunidad. Nada en la tierra puede justificar privar deliberadamente a seres humanos,
incluidas mujeres y niños, bebés, ancianos y jóvenes, de lo básico que necesitan
para vivir. Nada, nada en la tierra puede justificar la toma de rehenes o atacar
y la matanza de civiles. Los jueces independientes de esta corte penal internacional son los
únicos árbitros para determinar si se ha cumplido el estándar necesario para la emisión de órdenes de detención.
Los jueces de la corte penal internacional deben recibir ahora el espacio
para hacer su trabajo y revisar de manera desapasionada y objetiva las pruebas que hemos presentado.
Si los honorables jueces aprueban mis solicitudes y emiten las órdenes solicitadas, trabajaré
estrechamente con el secretario del tribunal para detener a las personas mencionadas. Hago un llamado
y cuento con todos los Estados, especialmente los Estados parte de su propio Estatuto, para que aborden
esta solicitud y la posterior decisión judicial que se dictará con la misma
seriedad que han demostrado en otras situaciones. También estoy dispuesto a trabajar con actores no estatales
en nuestra búsqueda común de justicia y rendición de cuentas.
Es fundamental en este momento que mi oficina y todas las partes de la Corte sigan llevando a cabo
nuestro trabajo con plena independencia e imparcialidad, y exijo que todos los intentos de lograr
que no obstruyamos, intimidem os o influenciemos indebidamente a los funcionarios de esta Corte cesen
de inmediato. Mi oficina no dudará en actuar de conformidad con las disposiciones del Artículo 70
del Estatuto de Roma si dicha conducta continúa y persiste.
También presentaremos nuevas solicitudes de órdenes de detención si y cuando determinemos,
tras un análisis independiente y objetivo, que se cumple el umbral de una perspectiva realista de
se ha cumplido la convicción. Mi oficina está impulsando múltiples y adicionales líneas
de investigación interconectadas, incluso en relación con informes de violencia sexual durante los ataques del 7 de octubre
en Israel y en relación con el bombardeo a gran escala que ha causado y sigue causando
tantas muertes y lesiones de civiles y tanto sufrimiento en Gaza.
Renuevo mi llamamiento a todas las partes en el conflicto actual para que cumplan estos principios básicos
del derecho sin más demora. También deseo subrayar que el principio de complementariedad
en el núcleo del Estatuto de Roma seguirá siendo evaluado por mi oficina a medida que tomemos medidas
en relación con los presuntos crímenes y los presuntos perpetradores y a medida que avancemos con otras
líneas de investigación. Pero la complementariedad exige que nos abstengamos de deferir a
autoridades nacionales solo cuando se comprometen sinceramente con un poder judicial independiente e imparcial
y con procesos que no protejan a los sospechosos de la rendición de cuentas y que no sean una farsa. Esto
exige investigaciones exhaustivas en todos los niveles, que aborden las políticas y acciones subyacentes
a estas solicitudes.
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Original transcript (English)
I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe on the basis of evidence collected and examined by my office that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defence Yoav Galant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least 8 October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious
injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder and intentionally directing attacks against a civilian population as well as crimes against humanity of extermination and or murder, persecution and allegations of crimes of committing other inhuman acts. It's alleged that these crimes were committed in the context of the ongoing armed conflict and as part of a widespread and systematic attack against the civilian population of
Gaza pursuant to a state policy. Unfortunately, these crimes continue to this day. My office submits that these individuals, through a common plan, have systematically deprived the civilian population of Gaza of objects indispensable to human survival. We have reached that conclusion based upon interviews with survivors, many eyewitnesses, experts from satellite imagery, statements from Israeli officials including the two individuals subject
to the present application as well as based upon several hundred authenticated videos, photographs and audio recordings, many of which were taken and shared by victims and eyewitnesses themselves. This systematic deprivation resulted from a decision to impose a total siege on Gaza by completely closing the three border crossing points, Rafah, Kerem Shalom and Erez, for extended periods of time and by arbitrarily restricting the transportation
of essential supplies, including food and medicine, through the border crossings after they were reopened. The siege, the total siege, also involved cutting off cross-border water pipelines from Israel to Gaza, which is the principal source of clean water for the population in Gaza. It was cut off for prolonged periods beginning on the 9th of October, 2023, and it was accompanied by the cutting off or hindering of electricity supplies to Gaza from the 8th
of October, 2023 until today. That conduct took place on the 9th of October, 2023, and took place alongside attacks that killed civilians, including people queuing for food, the obstruction of aid delivery by humanitarian organizations, and attacks on aid workers that forced many of those same humanitarian organizations to either cease operations or limit their life-saving efforts in Gaza. The tragic effect of the use of starvation in Gaza is that it has been
used as a method of warfare against Gaza's civilian population. It is acute, it is visible, it is widely known, and it is confirmed by multiple witnesses and victims, including local and foreign medical doctors. That starvation has caused and continues to cause deaths, malnutrition, dehydration, and profound suffering among the population. Famine is already present in some areas of Gaza and it is imminent in others. My office charges Netanyahu and Gallant
as co-perpetrators and as superiors in the commission of these alleged crimes. Israel, like all states, has the right to defend its population. It has every right to ensure the return of hostages that have been criminally and callously taken. Those rights, however, do not absolve Israel of its obligations to comply with international humanitarian law. Intentionally causing death, starvation, injury, and suffering to the civilian population, including
so very many women and children, are criminal means to achieve military and political goals. That's what we allege. As I have repeatedly underlined, since last year in Egypt, in Israel and in Palestine, and again this year, those who do not comply with the law should not complain later when my office takes action based upon solid evidence. That day has come again. Today we underline in the clearest possible fashion that international law and
the laws of armed conflict apply to everyone. No foot soldier, no commander, no civilian leader, no one can act with impunity. Nothing on earth can justify willfully depriving human beings, including women and children, babies, the old and the young, of the basic necessities required for life. Nothing, nothing on earth can justify hostage taking or the targeting and killing of civilians. The independent judges of this international criminal court are the
sole arbiters as to whether the necessary standard for the issuance of warrants of arrest have been met. The judges of the international criminal court must be now given the space to do their work and dispassionately and objectively review the evidence that we have submitted. Should the learned judges approve my applications and issue the requested warrants, I will work closely with the registrar of the court to apprehend the named individuals. I call upon
and count on all states, especially state parties to their own statute, to approach this application and the subsequent judicial decision that will be rendered with the same seriousness they have shown in other situations. I also stand ready to work with non-state parties in our common pursuit of justice and accountability. It is critical in this moment that my office and all parts of the court continue to conduct
our work with full independence and impartiality, and I insist that all attempts to ensure that we do not impede, intimidate or improperly influence the officials of this court cease immediately. My office will not hesitate to act pursuant to the provisions of Article 70 of the Rome Statute if such conduct continues and persists. We will also submit further applications for warrants of arrest if and when we determine,
after independent and objective analysis, that the threshold of realistic prospect of conviction has been met. My office is advancing multiple and interconnected additional lines of inquiry, including concerning reports of sexual violence during the 7 October attacks in Israel and in relation to the large-scale bombing that has caused and continues to cause so many civilian deaths and injuries and so much suffering in Gaza.
I renew my call for all parties to the current conflict to comply with these basic principles of law without any further delay. I also wish to emphasize that the principle of complementarity at the heart of the Rome Statute will continue to be assessed by my office as we take action in relation to the alleged crimes and alleged perpetrators and as we move forward with other lines of inquiry. But complementarity requires us to defer to
national authorities only when they sincerely engage in independent and impartial judicial processes that do not shield suspects from accountability and which are not a sham. It requires thorough investigations at all levels, addressing the policies and actions underlying these applications.
