Argentina's Stance on Falkland Islands Dispute

Como si fuera poco, una organización que se propinaría

territorial de

sus miembros decidió mirar para el otro lado respecto a la

situación de las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur

y los espacios marítimos circundantes.

Malvinas es para nosotros una causa nacional.

Repito, Malvinas es para nosotros una causa

nacional. Y es también una prueba de la distancia

que puede

existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la

realidad sobre la que pretenden actuar.

Hace cincuenta años, esta misma asamblea aprobó la resolución

treinta y uno

cuarenta y nueve, que insta a las partes a abstenerse de

introducir

modificaciones unilaterales mientras la disputa permaneciera

abierta. Cincuenta años después, la situación no ha

cambiado, pero las modificaciones unilaterales

continúan.

Hoy, el proyecto Sea Lion avanza hacia la

extracción de petróleo en la

plataforma continental argentina, correspondiente a la cuenca

Malvina Norte, mediante licencias británicas que la

Argentina

rechaza por ilegales e ilegítimas.

Toda actuación en este sentido no autorizada por la República Argentina

constituye un acto ilícito tanto a la luz del derecho internacional,

incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, como

del derecho interno argentino.

Por eso quiero plantear una pregunta: ¿de qué sirve una

resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en

sentido contrario y esa resolución queda intacta en los

archivos, pero impotente frente a la realidad?

No faltan palabras ni resoluciones.

Lo que falta es que tengan consecuencias, porque una institución que no

logra que su palabra pese sobre los hechos pierde lo más

importante, pierde su autoridad.

Bajo esta realidad, quienes siguen las reglas no tienen

recompensa alguna

por hacerlo, mientras que los que incumplen no reciben

la menor

represalia. Por eso, Malvinas no es solamente una cuestión

entre la Argentina y el Reino Unido.

También plantea una pregunta acerca de la capacidad de esta organización

para hacer valer sus propias resoluciones.

La Argentina tomó nota de esa realidad y frente a la explotación no

autorizada de nuestros recursos en el área en disputa, actuamos,

presentamos notas de desaliento, acudimos a las herramientas jurídicas

disponibles, sancionamos a las empresas involucradas y

a sus

proveedores, y enviamos al Congreso una ley de defensa

de la soberanía

nacional.

Durante demasiado tiempo, los gobiernos argentinos optaron por una

defensa discursiva. Nosotros elegimos una defensa

pacífica, práctica y efectiva. Repito,

nosotros elegimos una defensa pacífica,

práctica y efectiva.

Quiero reiterar también la situación de la población de las islas.

Como esta misma asamblea ha determinado en numerosas resoluciones,

el principio de libre determinación no aplica en este caso, ya que se

trata de una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio

cuya soberanía se encuentra en disputa.

Ese principio existe para liberar a los pueblos colonizados, no para

consagrar situaciones derivadas de la colonización.

Si el Reino Unido sostiene una interpretación selectiva al principio de

libre

determinación respecto a las islas Malvinas, deberá

explicar también cómo concilia ese criterio con los debates sobre

autodeterminación existente dentro de su propio territorio.

Al Reino Unido le reiteramos una vez más nuestro llamado a

reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a

la disputa de soberanía, como lo requiere el derecho internacional,

y también nuestra invitación a proceder sin demora, intercambiar opiniones con

miras a resolver la cuestión relativa a la controversia referida sobre

explotación de nuestros recursos naturales

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