Argentina's Stance on Falkland Islands Dispute
Como si fuera poco, una organización que se propinaría
territorial de
sus miembros decidió mirar para el otro lado respecto a la
situación de las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes.
Malvinas es para nosotros una causa nacional.
Repito, Malvinas es para nosotros una causa
nacional. Y es también una prueba de la distancia
que puede
existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la
realidad sobre la que pretenden actuar.
Hace cincuenta años, esta misma asamblea aprobó la resolución
treinta y uno
cuarenta y nueve, que insta a las partes a abstenerse de
introducir
modificaciones unilaterales mientras la disputa permaneciera
abierta. Cincuenta años después, la situación no ha
cambiado, pero las modificaciones unilaterales
continúan.
Hoy, el proyecto Sea Lion avanza hacia la
extracción de petróleo en la
plataforma continental argentina, correspondiente a la cuenca
Malvina Norte, mediante licencias británicas que la
Argentina
rechaza por ilegales e ilegítimas.
Toda actuación en este sentido no autorizada por la República Argentina
constituye un acto ilícito tanto a la luz del derecho internacional,
incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, como
del derecho interno argentino.
Por eso quiero plantear una pregunta: ¿de qué sirve una
resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en
sentido contrario y esa resolución queda intacta en los
archivos, pero impotente frente a la realidad?
No faltan palabras ni resoluciones.
Lo que falta es que tengan consecuencias, porque una institución que no
logra que su palabra pese sobre los hechos pierde lo más
importante, pierde su autoridad.
Bajo esta realidad, quienes siguen las reglas no tienen
recompensa alguna
por hacerlo, mientras que los que incumplen no reciben
la menor
represalia. Por eso, Malvinas no es solamente una cuestión
entre la Argentina y el Reino Unido.
También plantea una pregunta acerca de la capacidad de esta organización
para hacer valer sus propias resoluciones.
La Argentina tomó nota de esa realidad y frente a la explotación no
autorizada de nuestros recursos en el área en disputa, actuamos,
presentamos notas de desaliento, acudimos a las herramientas jurídicas
disponibles, sancionamos a las empresas involucradas y
a sus
proveedores, y enviamos al Congreso una ley de defensa
de la soberanía
nacional.
Durante demasiado tiempo, los gobiernos argentinos optaron por una
defensa discursiva. Nosotros elegimos una defensa
pacífica, práctica y efectiva. Repito,
nosotros elegimos una defensa pacífica,
práctica y efectiva.
Quiero reiterar también la situación de la población de las islas.
Como esta misma asamblea ha determinado en numerosas resoluciones,
el principio de libre determinación no aplica en este caso, ya que se
trata de una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio
cuya soberanía se encuentra en disputa.
Ese principio existe para liberar a los pueblos colonizados, no para
consagrar situaciones derivadas de la colonización.
Si el Reino Unido sostiene una interpretación selectiva al principio de
libre
determinación respecto a las islas Malvinas, deberá
explicar también cómo concilia ese criterio con los debates sobre
autodeterminación existente dentro de su propio territorio.
Al Reino Unido le reiteramos una vez más nuestro llamado a
reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a
la disputa de soberanía, como lo requiere el derecho internacional,
y también nuestra invitación a proceder sin demora, intercambiar opiniones con
miras a resolver la cuestión relativa a la controversia referida sobre
explotación de nuestros recursos naturales
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