Government Experiment on Urban Residents

Años cincuenta.

San Luis,

Missouri.

El gobierno de Estados Unidos levanta de la nada un gigantesco complejo

residencial de treinta y tres edificios llamado Pruitt-Igoe.

Miles de familias de clase trabajadora se instalan.

Dos años después, llega el ejército y les dicen que van a

instalar turbinas

industriales en las azoteas de sus bloques.

La justificación oficial:

probar una cortina de humo para camuflar la ciudad ante un posible

bombardeo soviético.

Durante meses,

densas columnas de niebla artificial barrieron el complejo.

Los vecinos hacían su vida envueltos en ella,

convencidos de que el ejército los protegía.

Pero la documentación desclasificada rompe la historia oficial.

Entre los documentos que salieron a la luz se encuentra un peritaje

toxicológico que demuestra lo impensable.

Aquellas máquinas jamás bombearon humo defensivo.

Estaban pulverizando toneladas de sulfuro de cadmio.

El Pentágono necesitaba calcular cómo se infiltraría un arma química en un

entorno urbano superpoblado.

Para conseguir esas métricas,

convirtieron el barrio entero en un terreno de pruebas,

asumiendo que sus habitantes no tendrían el dinero ni el poder para

investigar.

Cuando el cáncer y las enfermedades respiratorias se dispararon,

¿qué hicieron con las familias?

Las desalojaron y las dispersaron por el resto de la ciudad.

Sin seguimiento médico,

sin indemnizaciones

y sin decirles una sola palabra sobre lo que habían estado respirando.

Acto seguido, la solución del gobierno fue implacable:

volar los treinta y tres edificios con explosivos.

Oficialmente, justificaron la demolición como un fracaso

arquitectónico.

En la práctica,

dinamitaron a contrarreloj el escenario del

crimen. Borraron el hormigón,

pero no pudieron destruir los expedientes médicos ni la confesión del Congreso de

1994.